El impuesto a las gaseosas y la salud pública

Filadelfia será la primera gran ciudad de los EE.UU. que tendrá un impuesto para las bebidas azucaradas. Sin embargo, lograrlo no ha sido nada fácil porque se ha tenido que enfrentar a una campaña millonaria de la industria de bebidas gaseosas que quería bloquear la medida, según lo plantea Associated Press en su artículo “Philadelphia is 1st major american city with soda tax”.

Y es que con la decisión del City Council, se convertirá en la primera gran ciudad de Estados Unidos que ha implementado impuestos en las gaseosas. Solo Berkeley en California tiene una ley similar. Además, ya se había intentado establecerla dos veces y no se consiguió hacerlo por la presión del lobby.

¿Por qué en Filadelfia?

En Filadelfia, el 68% de adultos y el 41% de niños tienen sobre peso u obesidad por lo que no se puede sobreponer el interés público sobre la salud pública.

Por ello, el consejo aprobó un impuesto de USD 1.5 centavos por onza por 13 votos a favor y 4 en contra. Esto significa que una lata de 12 onzas subirá 18 centavos en su precio total. Un six pack de botellas de 16 onzas costaría ahora USD 1.44 más, mucho más de lo que se suele subir en esta clase de casos.

Quienes están a favor de la ley, señalan que los casi USD 90 millones que se conseguirán por los impuestos irán a inversiones en el sector de educación y permitirán ayudar a pagar por kindergarten comunales y centros recreativos.

La ley fue duramente criticada, por el lobby de las gaseosas que considera la medida discriminatoria y altamente impopular, además de no ser justa para los pobres, ya que ellos suelen consumir gaseosas por su bajo precio. Además, explicaron que esto no era lo que el pueblo quería, por tanto, estaba mal y era incorrecto haber aprobado la ley.

Lo que se puede aprender de lo que ha ocurrido en Filadelfia es que no fue sensato centrar la argumentación de la empresa, en que si el pueblo quiere ser obeso, hay que dejar que sea obeso. Para el lobby industrial, la salud pública no debe primar por encima de lo que el pueblo quiere aun cuando eso signifique mayor gasto en salud para el Estado.

De todas maneras, esto parece que es solo la primera batalla porque los representantes de la industria han señalado que cuestionarán judicialmente la medida porque afectará a sus ventas e incrementará la pérdida de empleos.