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La corrupción se pasea en América Latina

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Los escándalos de corrupción en América Latina han llegado a alcanzar hasta al hijo de Michelle Bachelet.
19 de mayo de 2015
Red star
Por qué es importante
Los escándalos de corrupción pueden afectar la estabilidad democrática de la región.

Casas como bono de éxito para la esposa de un político; sobornos para favorecer a empresas; préstamos a bajas tasas para familiares de políticos y empresas; fraudes tributarios a cambio de sobornos; compra de líneas editoriales; desbalance patrimonial; y, prebendas por indultos para narcotraficantes son solo algunos de los distintos tipos de denuncias y acusaciones que pesan en contra de actuales y ex presidentes de varias de las naciones latinoamericanas.

Este fin de semana en Guatemala, la población salió a marchar por las calles para pedir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, rechazar los casos de corrupción en el gobierno y exigir penas de cárcel para los culpables. Quizá la diferencia respecto a los otros casos, es que en este último no hay un liderazgo identificable sino que la marcha fue convocada por una amplia gama de sectores de la sociedad civil que están indignados por la gran corrupción a nivel de los principales funcionarios de gobierno y por eso portaban letreros que le decían al presidente que estaba DESPEDIDO.

El pueblo no se conforma con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, que la semana pasada dio un paso al costado en medio de un escándalo que señalaba a su secretario personal como cabecilla de un esquema de defraudación al fisco (la Línea) por el que se pagaban sobornos para evitar los derechos de aduana sobre las importaciones. La diferencia también es que ella era una de las políticas cuya bandera de lucha era acabar con la corrupción.

¿Cuál es la solución para afrontar el cáncer de la corrupción que parece empezar a carcomer las instituciones de los países latinoamericanos?

Todo parece indicar que las marchas como las que el último mes afrontó Dilma Rousseff en distintos estados del Brasil; Bachelet en Chile; los cacerolazos contra Cristina Fernández; las manifestaciones contra Enrique Peña Nieto por permitir que el narcotráfico se infiltre en las estructuras del estado; o, las recientes manifestaciones en Guatemala, no son el camino o la salida para enfrentar lo que está sucediendo.

Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto de México ha anunciado el fortalecimiento de sus instituciones de Justicia que entrarán en vigencia desde 2016 y la reforma de la Policía, acusada de corrupta o inepta en el mejor de los casos. Sin embargo, quizá el problema de sus propuestas es que parten de la premisa que la corrupción es un problema cultural; y, no se cree que vayan al ritmo que requiere los graves problemas que enfrenta ese país.

La presidenta Michelle Bachelet no podía despedir a su hijo por tráfico de influencias, pero sí a su gabinete, así que hizo lo propio para cambiar a los actores políticos de su gobierno y tratar de generar mayor confianza. Además, hizo suyas la mayor parte de las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. La gran pregunta en este caso, es si estas medidas recuperarán la credibilidad de la clase política.

Pero no se puede escribir sobre corrupción en Latinoamérica sin hablar del Perú, donde de los tres últimos ex mandatarios, hay uno preso y de los otros dos, uno está denunciado por lavado de activos y el otro es cuestionado por haber dado narcoindultos que presuntamente habrían estado sujetos a pagos irregulares, según se desprende de los resultados del informe de una Megacomisión que se formó en el Congreso de la República. Pero además, para poner en evidencia que la corrupción ha calado a todo nivel, hay cuatro ex presidentes regionales (hoy gobernadores regionales) presos y otro con orden de captura. La semana pasada se ha destituido al Fiscal de la Nación por su actuación en un caso connotado de corrupción, y se acaba de aprobar una sentencia de 4 años de prisión efectiva para un ex ministro de Justicia del gobierno anterior.

Más allá de que en algunos de estos casos, la Justicia exonere de responsabilidad a alguno de estos políticos y funcionarios del Estado, las preguntas que hay que hacerse son ¿quién nos devuelve la credibilidad en la clase política? y ¿quién nos devuelve la confianza en las instituciones?.

¿Cómo afrontar el próximo proceso electoral sin ponerse a pensar en que estas historias pueden volver a repetirse? Lo peor es que ninguno de los poderes del Estado que tiene la responsabilidad de generar un saludable equilibrio se salva.

¿Qué fiscalización puede hacer un Congreso de la República que tiene varios congresistas que han sido suspendidos por faltas contra la ética, y están involucrados en presuntos actos de tráfico de influencias? A la luz de los hechos, ¿no valdría la pena hacer una reforma que les quite la inmunidad parlamentaria?.

¿Qué piensa Usted?