¿Qué sendero debe seguir la formalización de la minería?

Hernando de Soto y Manuel Pulgar Vidal tienen muchas discrepancias pero una gran coincidencia: ambos consideran indispensable resolver el problema de la minería informal e ilegal. Las razones que justifican esto son muy poderosas.

1. Perú exporta más oro ilegal que cocaína. Y Perú es el primer exportador mundial de esta droga.
2. Perú es actualmente el primer productor de oro de América Latina y el sexto a nivel mundial. Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), si se incluye la minería informal e ilegal, sería el quinto.
3. Los expertos señalan que las reservas de oro (todavía sin descubrir) más importantes del mundo están en Perú. Este hecho ilustra con claridad la presión que existe y existirá por la extracción de oro en el país, especialmente si se considera que existe relativamente poco oro en el mercado (todo el oro extraído en la historia, aproximadamente 161 mil toneladas, no llenaría más de dos piscinas olímpicas), que los yacimientos existentes se están agotando y que es raro encontrar nuevos.

¿Y dónde están las discrepancias? Para De Soto, la política de formalización ha fracasado porque el trámite existente para la formalización de los mineros informales es excesivamente largo (1260 días) y costoso (US$87,849). Por ello, solo cinco de varios cientos de miles de mineros informales ha completado el proceso y, por ello, mientras las exportaciones de oro caen en Perú, en Bolivia aumentan. Estos dos últimos hechos (más que los estimados de costo y duración que han sido cuestionados por el Ministro Pulgar Vidal) son la principal fortaleza de la crítica y propuesta de De Soto, quien además añade que, con normas de formalización tan difíciles de cumplir, el gobierno está negándole el derecho de hacer empresa a los mineros informales. Para Pulgar Vidal, la política de formalización no ha fracasado sino que avanza lentamente porque formalizar mineros no es como formalizar ambulantes o titular un predio inmobiliario, pues ningún ambulante u ocupante informal de un predio utiliza, con escasas medidas de protección, cianuro y mercurio en su quehacer diario

¿Qué hacer? Según el informe de Verité, titulado “Risk Analysis of Indicators of Forced Labor and Human Trafficking in Illegal Gold Mining in Peru”, la minería informal hace más que operar sin licencia. En la investigación que realizaron en varias zonas del país, encontraron que el trabajo forzado, el trabajo infantil, el trabajo en pésimas condiciones de seguridad y salubridad y el tráfico sexual eran más la regla que la excepción (peores que en países como Bolivia, Bangladesh, Guatemala e incluso Liberia). Es decir, lo que parece estar en juego es más que el derecho a hacer empresa. Lo que está en juego es el respeto a ciertos derechos humanos básicos, en particular los de varias decenas de miles de mujeres que participan en prácticamente todas las etapas productivas de la minería informal. Pulgar Vidal ilustró con claridad su discrepancia con De Soto en este tema cuando, ante la crítica de este último por el descenso de exportaciones de oro de Perú en el debate realizado en RPP a fines de noviembre, el Ministro de Ambiente le replicó: “prefiero una declinación de la exportación de oro en el Perú que una niña prostituida”.

En nuestra opinión, para resolver el problema de la minería informal, es indispensable focalizarse en dos aspectos clave:

a) Primero, en la formalización de la propiedad en zonas rurales. Según diversos estudios, el principal obstáculo para que los mineros se incorporen a la legalidad es la inexistencia de derechos de propiedad claros en zonas rurales y mecanismos estandarizados para que los dueños de la tierra otorguen derechos de acceso a los titulares de concesiones mineras. Con la titulación rural podrían destrabarse varios obstáculos que interrumpen el funcionamiento de la minería informal. En este contexto, es una excelente noticia el hecho de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)haya aprobado un préstamo para financiar la titulación rural que liderará el Ministerio de Agricultura (MINAGRI).   Sin lugar a dudas, en este aspecto, Hernando de Soto tiene mucho que contribuir.

b) Segundo, en la acción entre distintas entidades del estado para hacer que la regulación ambiental se cumpla. El reciente debate en el que participó el Ministro de Ambiente le debe haber dejado claro que este es un requisito indispensable para que las normas que impulsa (con cuyo fondo coincidimos) gocen de la legitimidad que requieren ante la población para que alcancen la condición de irreversibles. Es importante notar que la normatividad ambiental es precisamente una de las excepciones a la regla automática de “simplificar todo" que suele dominar el debate sobre el rol regulador del Estado. Hay regulaciones que sí  deben ser complejas. Por ejemplo, abrir una entidad financiera que capte recursos del público. Si no, pregúntenle al Superintendente de Banca y Seguros (SBS) y al Presidente del Banco Central de Reserva, quienes recientemente acaban de invocar al Congreso de la República a aprobar cambios normativos para forzar a las cooperativas (algunas de las cuales pueden ser consideradas como los “mineros informales del sector financiero”) a cumplir con estándares mínimos que protejan los intereses de más de 1 millón de peruanos.

En un brillante artículo sobre el tema en la revista The New Yorker, Stephany Boyd hace la siguiente reflexión: “Si supiéramos que el precio del oro es la destrucción ambiental, la prostitución infantil o el trabajo forzado, ¿seguiríamos viendo en las alianzas matrimoniales de oro el símbolo de amor y confianza que vemos hoy?”  Los peruanos no debemos tener vergüenza de ser un país dotado con grandes reservas de este mineral. Todo lo contrario. Sin embargo, sí debemos asegurarnos que en sus procesos de explotación no se vulneren derechos humanos fundamentales. Para avanzar en esa dirección, debates como el producido entre Hernando de Soto y el Ministro de Ambiente son extremadamente útiles.  para formar opinión entre los ciudadanos. Ojalá tengamos más debates de este tipo para los demás temas que todavía tiene pendiente resolver el país para alcanzar los estándares del primer mundo.