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Países se unen por la norma europea contra la deforestación

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17 países suscribieron una carta a las autoridades de la Unión Europea para instarlas a discutir la Ley antideforestación.
01 de octubre de 2023
Red star
Por qué es importante
El principal argumento de los gobiernos que suscribieron la comunicación es que los pequeños productores no podrán cumplir con los requisitos impuestos.

Un total de diecisiete países suscribieron una carta conjunta dirigida a las autoridades comunitarias en la que reclaman una consideración a la norma y piden promover un diálogo para discutir la norma, de acuerdo a una nota de Naiara Galarraga para El País de España.
La norma europea que se aprobó el año pasado y entró en vigencia el 29 de junio de este año, establece que los países de la Unión Europea no pueden importar productos de áreas deforestadas.
El objetivo de la norma es evitar que el consumo bloque europeo (27 países) no contribuya a la deforestación o degradación de la Amazonia y otros valiosos bosques tropicales. La ley antideforestación veta la entrada de siete productos (aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja) y sus derivados si proceden de áreas ilegalmente deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. 
La norma obliga a que los países establezcan mecanismos de certificación que acrediten que las zonas de producción de donde provienen esos productos son limpias.
El Ministerio de Exteriores brasileño que ha difundido la iniciativa sobre la misiva, ha señalado que la Unión Europea se ha mostrado “inflexible”.
Los países que suscribieron esta comunicación son Brasil, el cual lidera la iniciativa, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, además de Indonesia (que alberga uno de los mayores bosques tropicales del mundo después de Amazonia), Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia. 
El principal argumento de los gobiernos que suscribieron la comunicación es que los pequeños productores no podrán cumplir con los requisitos impuestos por la normativa europea y ya no podrán participar de las cadenas de valor.
En este sentido, han pedido que la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Europarlamento, elabore un reglamento para que se mitiguen sus impactos en todo lo que tiene que ver con carga burocrática extra y de costes para todos los actores involucrados.