La legalidad de la subcontratación internacional

¿Es legal el offshoring o subcontratación internacional? Esa es la pregunta que el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) ha hecho al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según un artículo publicado en CIO. El modelo de negocios que usan varias firmas de subcontratación se basa en el reemplazo de trabajadores estadounidenses con titulares de la visa H-1B, como ya hemos visto en un artículo anterior.

Bruce Morrison, ex miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y representante de IEEE-USA, envió una carta de asistencia técnica a la Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas de Empleo Relacionadas con la Inmigración (OSC por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dicha carta contiene una petición formal de ayuda para interpretar la ley; sin embargo, el Departamento de Justicia no está obligado a responder las preguntas en la solicitud de asistencia técnica.

Cabe señalar que Morrison participó en la creación de la ley de inmigración de 1990 que creó el programa de visas H-1B. Sin embargo, el ahora representante de IEEE-USA afirma que, en aquel momento, hace 25 años, no podía haber imaginado que este programa de visas temporales de trabajo ayudaría a la proliferación de la industria de offshoring, principalmente en lo que respecta a tecnologías de información (TI). La IEEE-USA es uno de los principales críticos de este programa de visas, y ha planteado oposición a esfuerzos legislativos para levantar los límites.

De acuerdo con Morrison, en Estados Unidos hay una práctica ampliamente difundida en centros de trabajo que requieren personal altamente calificado, según la cual empleos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales están siendo terminados masivamente. Estos empleos son transferidos a trabajadores por contrato llevados a Estados Unidos como empleados de firmas proveedoras de estos servicios y que principalmente cuentan con visas H-1B. El uso de trabajadores por contrato con visas temporales formaría parte del modelo de negocios de las empresas contratistas.

La pregunta dirigida hacia el Departamento de Justicia consiste en si estos reemplazos constituyen discriminación hacia los ciudadanos estadounidenses, y además si los empleadores pueden escudarse detrás de los términos contractuales y argüir desconocimiento de la situación inmigratoria de los trabajadores por contrato. Si el Departamento de Justicia hace la aclaración de que ningún vacío legal protege a los empleadores, estos evitarán seguir incurriendo en dicha práctica. Mientras tanto, ante la ausencia de acciones legislativas para cambiar la forma en que opera el programa de visas H-1B, los trabajadores estadounidenses de TI llevan sus casos a la corte, argumentando que son víctimas de discriminación al ser reemplazados por trabajadores extranjeros.