La industria de los “payday-loans”

Luego de la crisis financiera internacional, el presidente Barack Obama firmó la “Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank” en julio de 2010, a través de la cual se promueve la estabilidad financiera en el país con medidas que fomentan la transparencia, así como la división de las funciones de los bancos comerciales y de inversión.

Esta ley es considerada el plan más agresivo desde la Gran Depresión para regular el sistema bancario. Un año después, el mandatario aprobó la fundación del Consumer Finantial Protection Bureau (CFPB), agencia federal gubernamental responsable de la regulación de la protección al consumidor en los Estados Unidos para los temas financieros.

La idea era evitar los abusos que se cometen con los consumidores que se sobre endeudan con el sistema financiero y para afrontar el pago de sus cuotas recurren a los “payday-loan” por los que deben pagar intereses usureros, según informa un reciente artículo de New Yorker, titulado “Why it’s so hard to regulate payday lenders”, donde se plantea la necesidad de que el CFPB ponga coto a los abusos de las entidades que realizan este tipo de préstamos que pueden llegar a cobrar tasas de entre 300% y 2000%.

La CFPB anunció en junio el diseño de un nuevo borrador para la implementación de una ley que proteja a los deudores estadounidenses de las condiciones abusivas de los prestamistas. Esta ley se convertiría en la primera regulación a la industria de payday-loans, aunque ya hay expertos que indican que las empresas prestamistas  encontrarán la forma de burlar esta ley.

El mercado de payday-loans genera alrededor de USD 4 mil millones anualmente y atiende a más de 9 millones de hogares que deben amortizar importantes deudas, muchas veces con el riesgo de perder sus hogares hipotecados. Con la nueva ley se lograría dificultar que las personas caigan repetitivamente en deudas y reducir los casos de prestamistas que retiran dinero de las cuentas de sus clientes para cobrar sus deudas sin mayor autorización.

El Estado de Georgia, en 2014, aprobó una ley que prohíbe este tipo de préstamos, estableciendo tasas de interés a favor de los clientes, multas rígidas y penalidades a aquellos que no cumplan con las regulaciones. Gracias a esto, las personas han logrado ahorrar más de USD 300- 500 millones, pero no se ha podido exterminar la industria de payday-loans como se deseaba. Como resultado de las nuevas restricciones, las personas han optado por usar sus vehículos como garantías para obtener nuevos préstamos, lo cual es aún más perjudicial y peligroso. Aproximadamente entre 419 prestamistas operaron con este método en 2016, de acuerdo al Center for Responsible Lending.

En nuestro país, existen distintos sectores donde abundan esquemas de préstamos fuera del sistema financiero (aunque bajo modalidad distinta de los pay day-loans) a los que personas naturales y también empresas acuden para pagar otras deudas, o para acceder a capital de trabajo, y muchas veces terminan atrapados con más deudas.