Google ha crecido muchísimo en los últimos años. Si bien comenzó como un buscador web, hoy en día, ha llegado a crear autos que se pueden manejar por sí mismos. Su camino ha sido largo y exitoso. Sin embargo, parece que aún existen ámbitos en los que su desempeño se puede calificar como precario.
El caso que ha hecho pensar esto comenzó con el pedido de la Oficina Federal de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales de Estados Unidos (OFCCP, por sus siglas en inglés) a Google para que les brinden la información acerca de sus empleados. Con esto, la entidad quería asegurarse que la empresa no esté discriminando a mujeres o a minorías. Sin embargo, la compañía se negó a brindar la información demandada, afirma el artículo de Quartz, titulado “The US government is suing Google over its diversity data”, sobre el que se inspira esta nota.
Google afirmó que su respuesta negativa ante el pedido de la entidad estadounidense se debió a que, en esta, se pedía información privada y valiosa de todos sus empleados. Entregar esta información que han cuidado y guardado rigurosamente, le pareció a Google innecesario. Esta forma de ver el caso hace ver a Google y a sus empleados como las víctimas de un sistema opresor que pide información y obliga a las compañías a que la entreguen.
Sin embargo, este pedido es un estándar para todos los que trabajan con el gobierno. Es una manera de asegurar que la compañía con la que el gobierno está trabajando, no discrimina a mujeres ni a minorías. Además, Google ha estado en el ojo de la tormenta durante años por casi no contratar mujeres. Sólo un cuarto de sus puestos de computación, son ocupados por mujeres, y menos del 4% de sus puestos tecnológicos son ocupados por hispanos y negros. Además, sólo el 3% de sus empleados es hispano y 2% es negro. Finalmente, Google también ha sido acusado de discriminación por edad.
Con estas acusaciones, el gobierno ha buscado hacerse con la información de Google. Ya que, de ser cierto que se está discriminando, la entidad podría sancionar a la compañía por incumplir normas de diversidad, eliminando así cualquier esperanza de una futura colaboración entre ambas partes. Este esfuerzo del gobierno forma parte de un mayor interés por seguir casos de discriminación, en un intento de, quizás, de hacer del espacio de trabajo un lugar más justo.
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