Uno de los recursos más valiosos en el mundo es el agua, especialmente en las zonas donde esta es más escasa. Este es el caso de El Salvador, el país más pequeño de Centro América, pero uno de los más poblados de la región. Sus reservas de agua son cada vez menores, por lo que una de las metas más importantes del Gobierno es protegerlas a todo costo. Incluso si esto implica eliminar por completo una industria.
La semana pasada, el Parlamento del Salvador aprobó una ley que prohíbe la actividad minera en todo el país. Tal como afirma Financial Times en su artículo “El Salvador becomes first country to ban metals mining nationwide”, las autoridades locales han optado por esta medida en un intento por preservar la pureza de su agua.
La minera OceanaGold, antes Pacific Rim, denunció al Gobierno de El Salvador por incumplimiento de los permisos de extracción otorgados a la empresa en 2002 y revocados en 2006. Asimismo, la minera reclamaba que se les había impedido concretar un proyecto de extracción de oro en El Dorado. Las autoridades salvadoreñas alegaban que los permisos habían sido retirados debido a que OceanaGold incumplió con las leyes de regulación minera y que su proyecto de extracción constituía un peligro para el medioambiente. Distintos grupos activistas protestaron contra el accionar de la empresa, añadiendo presión a un litigio que se extendió por cerca de siete años. Finalmente, se falló a favor del Estado, dejando sin efecto los proyectos de la minera.
Es en este contexto que las autoridades salvadoreñas decidieron promulgar una ley que prohíba la extracción minera en su país. El propósito de esta norma es preservar el medioambiente y evitar que se contamine aún más su agua y suelo. Dicha ley fue aprobada la semana que pasó con un total de 69 votos.
La norma deja sin efecto todos lo expedientes en proceso de trámite para la obtención de licencias mineras. Asimismo, da un plazo máximo de dos años para que los mineros artesanales abandonen sus actividades extractivas y las reemplacen por otras. Para ello, las autoridades ofrecerán su apoyo.
A primera vista podría parecer descabellado que un país como El Salvador, con una deuda con el Fondo Monetario Internacional equivalente al 60% de su Producto Bruto Interno (PBI), afecte una industria por completo. Sin embargo, es importante recalcar que la actividad minera en dicho país significa un aporte de apenas 0.3% de su PBI. Por ello, prohibir esta industria no tendrá mayor impacto en la economía salvadoreña.
La medida tomada por el Gobierno no podría ser replicada, por ejemplo, en el Perú. Nuestro país ha enfrentado problemas similares a los de El Salvador y OceanaGold, pero eliminar la minería no sería una respuesta viable en este caso pues dicha industria significa un aporte de más de 14% al PBI peruano. Es por esto que el Gobierno apunta a fiscalizar con mayor rigor a las empresas extractoras para fomentar una minería más amigable con el medio ambiente.
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