Los pesticidas contaminantes

Un reciente artículo de EcoWatch titulado, Shell, Dow Hid Cancer-Causing Chemical in Pesticides, Contaminating Drinking Water for Millions, da cuenta de un nuevo informe del grupo Environmental Working Group (EWG) que señala que Shell y Dow ocultaron durante mucho tiempo que un químico que usaban en dos plaguicidas podía provocar la contaminación del agua potable en California y su uso continuado, eventualmente, cáncer.

Se trata del 1,2,3 -trichloropropane o TCP que era un subproducto en los pesticidas D-D de Dow y D-D de Shell.

Esto se ha sabido gracias a las demandas presentadas por distintas comunidades del Valle de San Joaquín que pusieron en evidencia que las compañías mencionadas ahorraron mucho dinero al no disponer adecuadamente del TCP, un químico que un científico de Dow llamó basura.

Si bien, al menos Shell, dejó de producir ese pesticida, de acuerdo a lo que indican los documentos de la demanda, que EcoWatch analiza en el artículo, eso ocurrió cuando el abastecimiento de agua potable ya había sido contaminado, afectando a 94 distritos de California.

Esto fue corroborado por un programa que se ejecutó por parte de la Agencia de Protección Ambiental entre 2013 y 2015, cuando luego de realizar análisis en 13 estados. Sin embargo, el producto químico no estaba regulado en el nivel federal y en todos los estados excepto Hawai.

Ahora, las agencias ambientales se reunirán para evaluar la necesidad de establecer límites legales para el TCP en el agua del grifo, y de esa manera atender los planteamientos de organizaciones como Clean Water Action.

Mientras se conoce que ambas compañías han llegado a acuerdos con las comunidades para filtrar el TCP fuera de los suministros de agua, pero aún hay más casos pendientes.

Lo escandaloso del caso parece salido en una película de cine, pero la realidad es que los agricultores de California pagaron por un pesticida que más que ayudar a su producción, contaminó sus fuentes de agua subterránea.

Además, de acuerdo a lo que señalan los abogados, las compañías daban información engañosa en sus etiquetas, sabiendo que el TCP en los fumigantes no se descomponía en el suelo y podría emigrar a las aguas subterráneas.

Ahora queda esperar que se defina un límite legal que salvaguarde la salud pública, el cual podría estar en 5 partes por billón, que es un nivel que puede ser identificado por la tecnología de manera confiable.