Hecha la ley, hecha la trampa

La capital de México, al igual que la de China, se está convirtiendo en una de las ciudades más contaminadas del mundo. Esto es gracias a los enormes atoros que azotan el país todos los días que han dado lugar a famosas historias donde la gente se demora (sin exagerar) 4 horas en llegar al trabajo. El problema es tal, que las autoridades se han visto obligadas a establecer días en los que ciertos carros no pueden circular.

Un reciente artículo del FinancialTimes, titulado “Corruption and car fumes clog up Mexico City”, sugiere que detrás del problema de contaminación de México hay un problema cultural, debido a que se trata de una sociedad en la cual, las personas son juzgadas según el estrato socioeconómico al que se pertenece. Esto significa que tener un carro es un estandarte de tu superioridad ante el resto, beneficio al que muy pocos (prácticamente ninguno) pretende renunciar por voluntad propia.

El asunto es que el problema cultural está incentivando a que las personas busquen hacerle trampa a la ley que obliga a revisar los autos para que tengan un nivel de emisiones que no superen cierto rango. Y no se les ha ocurrido mejor manera que pagando coimas a los encargados de las revisiones semestrales en los centros de verificación (USD 27), además de agregar una mezcla de diluyente de pintura y agua al tanque para reducir los gases de escape de la máquina.

Esto significa que siguen afectando la calidad del aire y oxígeno disponible, con el fin de no privarse de su transporte individual y tener que acudir al transporte público.

¿Qué hacer?

Para muchos, dado que cuesta muy poco saltarse las prohibiciones que buscan reducir los niveles de contaminación, quizá lo más apropiado sea, mejorar los sistemas de transporte público y la percepción que hay de estos, pero ciertamente es intolerable que la gente no se dé cuenta de la consecuencia de sus actos.

Mientras eso ocurre, el gobierno del presidente Peña Nieto, envió una iniciativa legislativa para luchar contra la corrupción, pero se ha quedado atascada en el Congreso, porque los legisladores señalan que el consumo interno es un motor del crecimiento económico y no se puede poner restricciones a que la gente tenga automóviles.

Menudo dilema moral que tienen los ciudadanos mexicanos y que está afectando el aire que respiran todos los mexicanos.