HISTORIAS
Canadá restringe ciertas formas de sexo
“¿Debería tener poder el gobierno sobre lo que cada ciudadano hace en la privacidad de su cuarto junto con su pareja?”, es una pregunta que se han hecho muchas personas a lo largo de la historia y la respuesta ha ido cambiando con el tiempo.
Históricamente, el Estado tenía poder ya que la ley que se seguía era la religiosa. Por tanto, ciertos comportamientos eran considerados pecaminosos y, por tanto, ilegales a los ojos del Estado. Sin embargo, ya no se vive en esas épocas. Por tanto, el Estado no tendría por qué tener poder en esas instancias si es que tenerlo va en contra de los usos y costumbre del país.
En Canadá, un caso relacionado con esto está dando de qué hablar, afirma el artículo de International Business Times, titulado “Anal Sex Illegal In Canada? ‘Discriminatory’ Law Targeting Gay Men Could Be Repealed”, sobre el cual se sustenta esta nota.
Lo que sucede es básicamente lo siguiente: la edad de consenso (edad a partir de la cual se puede tener sexo) en Canadá es 16 años. Sin embargo, el sexo anal está prohibido con pena de 10 años en la cárcel a menos que los involucrados tengan 18 años o estén casados.
El problema de esta normativa es que presume que los 16 años solo son aplicables para relaciones heterosexuales y por eso los homosexuales deben esperar 2 años más para poder tener relaciones sexuales de manera legal.
De lo contrario, en un país donde hay muchas libertades, los homosexuales deben esperar cumplir la edad establecida o hacerlo a escondidas, pero esta última opción significa que si los descubren podrían terminar hasta 10 años dentro de la cárcel.
Esta circunstancia ha generado controversia entre quienes defienden la igualdad de derechos para las minorías y que no se discrimine a nadie en función de sus opciones sexuales, los cuales demandan que se modifique la norma y se iguale la edad de consenso.
Esto ha llevado a que muchas provincias de Canadá ya se manifiesten respecto a la medida. Las Cortes de Quebec, Alberta y Columbia Británica han determinado que la medida es anticonstitucional, mientras que Ontario ya eliminó la medida en su totalidad. El problema es que los policías siguen frenando estos actos en los estados mencionados.
Quizás lo que se necesita es un cambio sistemático y no sólo de algunas provincias.
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