¿Todo lo mío es tuyo?

Un reciente artículo de Financial Times, titulado “Financial coercion to be classified as domestic abuse” aborda un tema sobre el cual se habla poco, pero ocurre con más frecuencia de lo que se piensa: la coacción económica que sufren muchas personas a causa de que sus parejas les niegan el acceso a sus ingresos propios o a los de la sociedad de gananciales.

No obstante, son pocos los que reconocen ser víctimas de coacción económica que les impide participar libremente de la toma de decisiones sobre su vida o sobre el hogar.

Por ello, en el Reino Unido existe la intención de promover un proyecto de ley que permita clasificar esta circunstancia como una situación de abuso doméstico. Este proyecto fue pre publicado para comentarios la tercera semana de enero pasado y establece que hay violencia doméstica cuando se deniega a la pareja el acceso a sus propias cuentas o cuentas conjuntas o se le impide que trabaje para obtener sus propios recursos.

La propuesta de la norma se enmarca en un contexto de incremento de violencia contra la mujer que alcanza los 1,2 millones de mujeres en 2017, lo que se refleja en la alarmante cifra de dos feminicidios por semana a manos de una pareja actual o anterior.

La norma incluye varios aspectos importantes que busca acabar con estas prácticas de abuso, entre los cuales destaca la creación de un Comisionado de Abuso Doméstico para supervisar el cumplimiento de las propuestas.

La tesis del Ministerio del Interior del Reino Unido es que el abuso doméstico le puede pasar a cualquiera, incluso a los varones, por lo que el proyecto incluye un fondo de apoyo a las víctimas varones que suelen estar fuera de los alcances de cualquier tipo de ayuda del gobierno.

Lo importante de esta iniciativa del país anglosajón es que para respaldarla se hizo un informe sobre el costo económico y social del abuso doméstico, en el cual se estimó el costo económico y social del abuso doméstico en Inglaterra y Gales, el cual se calculó en USD 85,411 millones en el año fiscal 2016-2017.

Esta cifra incluye la cuantificación de los daños físicos, emocionales o económicos de la víctima directa y de las personas cercanas a ellas, además de la cuantificación de los servicios de la policía y la asistencia que incluyen protección a las víctimas.

Para la ministra Victoria Atkins, responsable de los temas de protección y vulnerabilidad en el Reino Unido, el proyecto reconoce la naturaleza compleja de estos horribles crímenes y pone las necesidades de las víctimas y sus familias en primer plano. Sin embargo, organizaciones civiles consideran que debería garantizarse también la financiación sostenible de los servicios especializados en salvar vidas, algo que el proyecto no contempla de forma específica.