La minería que soñamos

Si bien casi es una constante que todas las actividades extractivas generan controversia, tal y como ocurre con la perforación de petróleo, la pesca o la extracción forestal, lo cierto es que la minería es la que se ha convertido en la mayor fuente de conflictos con las comunidades.

Una reciente nota de The Economist, denominada Big miners have a better record than their critics claim. But it is up to governments to balance the interests of diggers, locals and the nation, da cuenta que el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, registra 215 de ellos en 19 países en 2014, lista liderada por México (37), Perú (36) y Chile (35), Argentina (26), entre otros.

Alguno de estos conflictos han llegado a la más alta instancia del Poder Judicial en sus países para ser paralizados, y en otros casos, simplemente las circunstancias de violencia han obligado a las empresas a dar marcha atrás. En el primer caso, están los proyectos de Pascua Lama en Chile y el yacimiento de cobre y oro en Mandé, Colombia. En el segundo grupo están el proyecto de Tía María y Conga en el Perú.

En la mayoría de estos conflictos subyace la preocupación de los agricultores locales y la población por sus medios de subsistencia, la compra de tierras, la reubicación de la población, la compensación, el agua y la amenaza de la contaminación de los ríos, antes que los problemas en las relaciones laborales. Las ONG que apoyan a los agricultores, la mayoría de las veces lo hacen porque no perciben que aporte beneficios a América Latina, sino solo pobreza y daños ambientales. Esto obedece a que la minería moderna es intensiva en capital y genera pocos puestos de trabajo.

Los empresarios mineros señalan que en el caso del Perú, el gobierno actual ha brindado un apoyo muy tímido a los proyectos paralizados y están a la espera que el nuevo gobierno asuma una posición más sólida de defensa de la inversión minera que, según señala la nota, podría estar cerca de los USD 10 mil millones paralizados. Además, contradicen lo que señalan las ONG que apoyan a los agricultores, señalando que la minería proporciona divisas, ingresos fiscales e inversión, que ha contribuido a acelerar el crecimiento económico y reducción de la pobreza en varios países de América del Sur durante los últimos 15 años.

Aunque las dos posiciones parezcan difíciles de conciliar, lo cierto es que hay que hacerlo, en beneficio de la población local y la nación de su conjunto. Ambas partes tienen que trabajar en generar las condiciones para que esto suceda y un buen punto de partida es el respeto por la consulta previa, la cual forma parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; así como mejorar la calidad de la supervisión de los Estudios de Impacto Ambiental que deben presentar los proyectos.