Receta para evitar la corrupción en los programas sociales

El indignante robo sistemático de fondos, que debían ser canalizados a través de los programas Juntos y Pensión 65, marca un triste final para las políticas de inclusión social del gobierno y además desperdicia una excelente oportunidad para iniciar una transición técnica y democrática en torno a la que debería ser una de las áreas de política más importantes del próximo gobierno. 

En lugar de dedicar los siguientes doce meses a analizar junto con un grupo de técnicos de todas las fuerzas políticas los aspectos positivos y negativos de la ejecución de las políticas de inclusión social en los últimos cuatro años, la atención del país estará enfocada en averiguar cuán extendida estaba la red de corrupción en el Banco de la Nación y en el Ministerio de Inclusión Social y cuántos millones más nunca llegaron a los compatriotas para quienes estaban destinados. Sin embargo, no hay que perder de vista que la necesidad de reformar Juntos y complementarlo para cerrar las puertas a la corrupción y asegurar que los efectos de las transferencias monetarias sobre la población sean mayores. A continuación cinco acciones que podrían fortalecer al programa Juntos y al resto de programas sociales.

En primer lugar, es indispensable que la información de cualquier programa del MIDIS se almacene y acceda desde un repositorio centralizado; y que el registro de los beneficiarios y su información sea único y no esté duplicado dependiendo de cuál sea el programa social que captura o modifica la información. Hoy esto no ocurre pues cada programa almacena su propia información, la cual no es compartida con los demás. 

En segundo lugar, es muy importante interiorizar que la salida de la pobreza está necesariamente vinculada a la mejora en la capacidad de generación de ingresos y esta solo se consigue cuando los beneficiarios son capaces de tomar decisiones correctas de manera autónoma. Y el proceso de aprendizaje que conduce a esta capacidad es lento y largo. Por eso, cualquier intervención o programa social no debe perder la oportunidad de empoderar a los beneficiarios a tomar decisiones. En este contexto, las condicionalidades no ayudan y la falta de flexibilidad en los programas de desarrollo productivo tampoco. Ambas son armas de doble filo pues, si bien hacen más sencillo ejecutar los programas sociales, producen dependencia antes que empoderamiento verdadero en los usuarios.

En tercer lugar, las políticas de inclusión social no deben seguir ignorando el proceso de descentralización en curso. La alianza con los gobiernos locales y otros actores públicos y privados que puedan asegurar la sostenibilidad de cualquier intervención o programa social desde el inicio de estos es condición necesaria para que sean exitosos.

En cuarto lugar, conviene simplificar en un modelo de talla única todo lo relacionado con el programa de transferencias monetarias (JUNTOS y Pensión 65), de manera que, por ejemplo, la permanencia en el programa sea con un plazo fijo, el universo de beneficiarios esté definido con total claridad y que las condicionalidades sean las menos posibles. Por todos los medios posibles se debe, además, tratar de eliminar la mayor cantidad de intermediarios en la ejecución de este programa. No hacerlo genera costos innecesarios enormes al Estado y además abre las puertas de par en par para el fraude, el abuso y la corrupción. En este contexto, el SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares) debe modernizarse para superar las diversas limitaciones de las cuales actualmente adolece.

En quinto lugar, es recomendable que los demás programas sociales que buscan proveer ciertos servicios a grupos objetivos distintos (alimentación, asistencia técnica, empoderamiento productivo, entre otros) eviten tratar de diseñar iniciativas de aplicación general que ignoren la heterogeneidad de las regiones en el país y del funcionamiento de sus mercados. Los modelos de talla única para este tipo de programas sociales son muy atractivos para quien los tiene que ejecutar pero son poco efectivos para los beneficiarios. Asimismo, estos programas sociales con fines específicos deben operar de manera coordinada con las iniciativas del mismo MIDIS, otros ministerios o dependencias del Estado. Esta última es probablemente una de las limitaciones de las que más adolecen las políticas transversales como las de inclusión social en el país: como se comparte muy poca información, cada entidad suele querer reinventar la pólvora y operar de manera aislada, lo cual genera un gasto innecesario, reduce la efectividad de las acciones y le da al beneficiario una imagen bastante penosa de cómo se organiza el Estado para brindarle servicios.