Marcha atrás en privatización de prisiones

El sistema penitenciario en Estados Unidos permite que empresas privadas se encarguen de la administración de cárceles y correccionales. Pero esto está a punto de cambiar luego de que las autoridades decidieran que ya no se admitiría la administración privada en los centros penitenciarios y que todos pasarían progresivamente a ser supervisados por el Gobierno americano, de acuerdo a un reciente artículo de Wall Street Journal, titulado “Justice Department says it will stop using private prisons”.

En 2013, el Justice Department de los Estados Unidos (equivalente al Poder Judicial en Perú) registró el pico más alto en los índices de presos recluidos en prisiones privadas, con 15% del total de los presos en el país, lo cual equivale a cerca de 30 000 reos en prisiones administradas por compañías privadas especializadas.

Recientemente, a través de un comunicado público, la Fiscal General Adjunta, Sally Yates, anunció que las prisiones privadas no alcanzan los estándares requeridos en comparación con aquellas administradas por el Estado, por lo que su administración privada será retirada del sistema penitenciario. Esto significa que todas las cárceles pasarán a ser completa y exclusivamente administradas por el Gobierno.

Corrections Corporation of America (CCA) es una compañía estadounidense dedicada a la administración de centros penitenciarios en Estados Unidos. La CCA fue la primera empresa privada en firmar un contrato para la administración total de una prisión en 1984 cuando pasó a administrar un centro en Hamilton Country, en Tennessee. Actualmente, esta compañía administra el 65% de las correccionales.

Luego de que se anunciaran los futuros cambios en el sistema, la CCA percibió una importante caída en el valor de sus acciones de 40%. Algo similar ocurrió con el caso de GEO Group Inc., otra firma privada dedicada a la administración penitenciaria, cuyas acciones cayeron en 42% horas después del anuncio.

La reforma propuesta afectará a gran parte de los prisioneros estadounidenses, pero no alterará las condiciones en el caso de las autoridades federales de inmigraciones. Se espera que los cambios sean realizados progresivamente, conforme se cumplan las fechas de los contratos actuales, es decir, hasta que estos expiren. Así mismo, no se admitirá la renovación de contratos ni la apertura de nuevos.

Esto significa que el proceso tardará algunos años en cumplirse dados los acuerdos ya pactados y afectará a los que estaban en trámite. Precisamente, el Federal Bureau of Prisons, subdivisión del Department of Justice, responsable de la administración de los centros penitenciarios, tenía pendiente la firma de un contrato con una cobertura que ofrecía 10 800 plazas, las cuales pasarán ahora a 3 600.