Lecciones para defender a consumidores

La comisionada de competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, está más que activa para defender a los consumidores europeos. Esta vez le tocó a tres gigantes de la electrónica: Sony, Panasonic y Sanyo, a los cuales ha multado por fijar precios de baterías de iones de litio para laptops y celulares.

Las multas alcanzan los USD 176 millones por violar reglas antimonopolios. El único que se libró de la multa fue Samsung SDI porque informó lo que estaba haciendo el cártel, según señaló Reuters.

Como consecuencia de la práctica anticompetitiva, lo consumidores europeos tuvieron que pagar montos mayores a lo que debería.

En la investigación se descubrió que las compañías se reunieron bilateral y multilateralmente a lo largo de más de cuatro años, a menudo en Asia -pero también en Europa-, para confabularse para acordar precios y afectar la competencia. Además, habrían intercambiado información sobre perspectivas de oferta y demanda, licitaciones de empresas que producen teléfonos, computadoras y otras herramientas, entre otros.

Como consecuencia de estas reuniones, acordaron incrementos provisionales de los precios en 2004 y 2007, lo que provocó llevar al alza el precio del cobalto, un componente que se usa en la producción de las baterías que usan millones de ciudadanos europeos en sus teléfonos y laptop.

La Comisión ha señalado que este caso debe servir de advertencia a otras empresas que quieren hacer lo mismo, que seguirán vigilantes sobre cualquier acción que afecte a los consumidores europeos que no respete la normativa comunitaria de competencia, aun cuando los acuerdos en sí mismos se hayan tomado fuera de las fronteras de ese bloque económico.

Las empresas han aceptado su participación en el cártel y han señalado que pagarán la multa impuesta con las reducciones que permite la legislación comunitaria por no apelar a la medida, entre otros.

Es ilustrativo e interesante el trabajo que está haciendo la comisionada Vestager para defender a los consumidores europeos y ojalá en el Perú, tuviéramos también un Indecopi que defendiese con esa misma firmeza como se afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos cada vez que las empresas deciden imponer este tipo de acuerdos para mejorar sus beneficios.