Chile cierra investigación por colusión en pañales

Esta sería la frase que habría que aplicar a lo que ha sucedido con una investigación por colusión en el mercado de los pañales por parte de las empresas CMPC y Kimberly Clark en Chile, luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolviera el cierre de la investigación iniciada en noviembre de 2015, en la medida que considera que la prescripción del delito no permite que se inicie una acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en ese país.

Y es que las reuniones y contactos telefónicos entre las empresas que dieron lugar a los acuerdos de fijación de precios se realizaron entre 2002 y 2009, tiempo después del cual las acciones anticompetitivas no se habrían prorrogado, por lo que no correspondía que la Fiscalía actúe debido a la improcedencia que tendrían dichas acciones, según dio a conocer el artículo del Diario Financiero de Chile, titulado FNE decide cerrar investigación del caso de pañales por prescripción del delito, sobre el que se basa esta nota.

Como se sabe, en 2014 se conoció del caso de colusión que se optó por denominar del papel tissue, lo cual dio lugar a que se envíe un requerimiento contra las empresas involucradas, el mismo que se encuentra tramitándose ante la agencia de competencia.

Esto significa que la FNE separó los dos casos, el de papel tissue y el de pañales. Ahora cierra este último, señalando que estudió concienzudamente si los efectos de las acciones de las empresas se extendieron en el tiempo, con el fin de matar la prescripción. Sin embargo, los resultados de las pesquisas han determinado que eso no fue así y por lo tanto, solo se podrá continuar con la persecución del cártel en el caso del papel tissue.

Este caso ilustra la importancia de que las agencias de competencia cuenten con los recursos necesarios para realizar las investigaciones oportunamente, que se modifique la legislación que establece plazos de prescripción para estos casos, en la medida que el impacto de estas ha afectado a millones de ciudadanos, impactando el poder adquisitivo de los consumidores de un país.

Estos artilugios legales pueden liberar a las empresas de las sanciones económicas que están establecidas en los cuerpos legislativos de los países, pero no de la sanción moral ni el voto de consumo de los ciudadanos que deberían articular respuestas que se reflejen en el rechazo a estas prácticas a nivel de mercado.

En nuestro país hay que revisar qué se puede hacer para evitar que las acciones anticompetitivas de las malas empresas queden impunes.