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En China, los funcionarios que no ejecutan el gasto son sancionados

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UNA CAMPAÑA DEL GOBIERNO CENTRAL CHINO BUSCA CASTIGAR A AQUELLOS QUE NO SIGUEN SUS DIRECTIVAS LO SUFICIENTEMENTE RÁPIDO.
05 de octubre de 2015
Red star
Por qué es importante
Si eres responsable de una parte del presupuesto público y no lo ejecutas según este ha sido planteado, entonces no están cumpliendo con el país.

Un principio de las finanzas personales es que una persona no puede gastar más de lo que tiene. No se recomienda que una persona gaste todo lo que percibe en el mes, ya que no podrá ahorrar y así será más vulnerable ante eventualidades que le hagan incurrir en gastos no previstos. Está de más decir que gastar más de lo que uno tiene no es una opción viable a menos que se trate de una inversión con retorno esperado alto y riesgo controlado. No obstante, un presupuesto personal no funciona de la misma forma que el presupuesto público de un país.

Un presupuesto público está diseñado para ser ejecutado, y los responsables del presupuesto deben ser evaluados según su cumplimiento a través de una serie de métricas. Recordemos que el presupuesto público se utiliza para una serie de proyectos y procesos con el fin de contribuir al bienestar general del país. Si eres responsable de una parte del presupuesto público y no lo ejecutas según este ha sido planteado, entonces no están cumpliendo con el país. 

En China se ha hablado mucho sobre funcionarios que han incurrido en corrupción y gastos excesivos e innecesarios. Sin embargo, según un artículo publicado en QZ, 250 funcionarios chinos están en problemas por no haber gastado suficiente dinero del gobierno: no ejecutaron el presupuesto que el gobierno había asignado a un proyecto. Estos funcionarios fueron castigados con despidos, degradación o amonestaciones, en el marco de una campaña del gobierno central contra aquellos que no siguen sus directivas lo suficientemente rápido.

El Partido Comunista Chino estableció nuevas reglas con respecto a la degradación en julio de 2015. Antes de este cambio, las reglas del personal indicaban que las únicas movidas posibles para un funcionario eran subir de rango si eran buenos o mantenerse en el mismo nivel si no lo eran. Los funcionarios solo podían ser degradados si violaban la ley o las reglas del Partido. Este sistema incentivaba funcionarios ociosos o ineficientes, por lo que la iniciativa de castigar la inacción entre los funcionarios busca erradicar estos casos.

Sin embargo, la campaña del gobierno central chino contra la corrupción podría haber incentivado esta inacción entre los funcionarios. La campaña del presidente Xi Jinping se enfocaba en crímenes relacionados a enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y gastos inadecuados. Esta campaña ha permitido reducir el gasto del gobierno en artículos como regalos de lujo y vinos caros en las cenas del gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios están tan preocupados en encontrar evidencia de corrupción que habrían colocado proyectos legítimos en espera.

Por ejemplo, el gobierno central chino había destinado 150 millones de yuanes (USD 23.6 millones) en 2013 para un proyecto en la provincia de Henan, el cual debía completarse en 2015. Una investigación reveló que en mayo de 2015 el proyecto no había iniciado aún, por lo cual nueve funcionarios fueron degradados y amonestados. Por otro lado, en la provincia de Shanxi, la construcción de una planta recicladora de alimentos no había empezado a pesar de que su financiamiento estuvo disponible desde 2012.

La normas anticorrupción no tienen por qué desalentar la ejecución del gasto si es que están bien diseñadas. En Perú, las normas todavía tienen un gran espacio para perfeccionarse pues en lugar de efectivamente ser un disuasivo para la corrupción simplemente actúan como un desicentivo para los funcionarios responsables de adquisiciones como una maraña burocrática que desalienta la participación de postores calificados. Como resultado de ello, los episodios de corrupción no disminuyen, el gasto se ejecuta más lentamente y los postores calificados no se desean involucrar en procesos de contratación con el Estado.