La coima pequeña también es corrupción

Una de las peores cosas que nos puede pasar como sociedad es que nos acostumbremos a vivir con la corrupción. Y esto parece estar ocurriendo no solo a nivel electoral, en cuyo ámbito ciertos candidatos incluso han llegado a aceptar que sus gestiones han estado expuestas a potenciales delitos, pero que sus obras han sido lo suficientemente relevantes como para atenuar el impacto de dichos hechos delictivos.

El mayor problema es que se está llegando al punto de distinguir un hecho como más o menos corrupto, dependiendo del tamaño, impacto o naturaleza del acto de corrupción, cuando en la práctica eso no es relevante. Esto es sumamente peligroso, porque puede llegar a encubrir una irregular gestión de interés, o una omisión de acción con un manto de legitimidad que en la práctica no tiene.

Un funcionario público no solo comete un acto de corrupción cuando cobra una coima por dejar de imponer una multa, como puede ocurrir con un policía de tránsito, sino también cuando hace algo o toma una decisión bajo la presión de un interés particular. Pero también, cuando influenciado por terceros no acciona, no protege, no defiende y omite sus deberes de función a favor del interés general para beneficiar un interés particular.

En la otra orilla, está el que paga la coima, sea esta grande o pequeña; el que ofrece la prebenda, ya sea en forma de dádivas o una expectativa laboral; o, el que garantiza impunidad o permanencia en un cargo a cambio de inacción para beneficiar el interés de unos pocos, entre otros.

Hay un elemento adicional que agrava aun más algunos de estos casos y tiene que ver con el hecho de usar o abusar de las garantías constitucionales o las medidas cautelares para mantener o prolongar una situación de apariencia legal pero cuyo fondo es ilegal. En esos casos, la Justicia que debe ser imparcial y ciega termina siendo utilizada para la institucionalización de un hecho de corrupción.

La gran pregunta es cómo se está reflejando esto en el Perú. Al respecto hay dos indicadores: el de los rankings internacionales donde se nos compara con otros países, y la estadística pura y dura de aquellos casos que llegan a ser investigados y que muchas veces no representan todo lo que ocurre.

Por un lado, a nivel de América Latina,  de acuerdo al ranking de Transparencia Internacional, Perú ocupa el quinto lugar de 24 países, pero el puesto 85 en términos de percepción de corrupción de un total de 174, cuando se compara con el resto del mundo.

Claramente su ubicación en América Latina tiene que ver con el hecho de que varios países de Centroamérica, o Bolivia y Venezuela están mucho peor, en términos de percepción de corrupción generalizada. Sin embargo, eso no significa que estemos bien. Justamente, el Ministerio Público ha anunciado que este año es probable que terminemos con un mayor número de denuncias por Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional, respecto a las que se presentaron en 2014, cuando fueron 11,300.

Queda claro que la corrupción no es un problema aislado, sino que se está extendiendo como un cáncer en la sociedad sin que orgánicamente podamos hacer frente a ella. Para enfrentarla, como decía hace unos días el Contralor de la República, hace falta que la lucha anticorrupción se convierta en una política de Estado.