Más allá del salario mínimo

En el Perú, la discusión sobre un posible salario mínimo cada vez está más intensa. Por un lado, el gobierno que hasta hace pocos meses se oponía a un alza, parece estar dando su brazo a torcer. Por el otro lado, el sector empresarial, como era previsible, ha expresado su rechazo a través de las declaraciones del presidente de CONFIEP.

A pesar de que las vacas están flacas no solo en América Latina sino incluso en economías desarrolladas, los salarios mínimos se están incrementando, tanto por acción de los gobiernos como por la propia iniciativa de empresas que ven en las pobres condiciones laborales de sus trabajadores una amenaza a su reputación. La semana pasada, Los Angeles decidió aumentar su salario mínimo de USD 9 a USD 15 por hora hasta 2020. Igualmente, empresas como Facebook y Microsoft, ya comenzaron a exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores de sus proveedores, tal como lo reportáramos hace dos semanas. En gran medida, esto es resultado de la encendida discusión que se viene produciendo alrededor del mundo respecto de la creciente desigualdad del ingreso entre los ciudadanos. Respecto de este tema, un reciente informe de la OECD señala que la desigualdad en el Perú se ubica por encima del promedio de la de los cinco países miembros de la OECD con más desigualdad.

En este contexto, una idea del siglo XVIII se ha vuelto a poner de moda en el debate sobre las políticas públicas, particularmente en economías desarrolladas: la posibilidad de que los gobiernos aseguren un ingreso básico para toda la población. Esta idea tiene su origen en uno de los muchos escritos de Thomas Paine, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. En 1797, Paine señaló que toda persona tiene derecho a beneficiarse directamente de los frutos de los recursos naturales del planeta. Para ello, sugirió pagarle a cada ciudadano sin distinción alguna el equivalente a USD 2,000 al cumplir los 21 años. 

Desde entonces, la idea de los pagos universales (recurrentes o no) se ha discutido con mayor o menor intensidad. Curiosamente, esta idea ha sido bien recibida tanto por expertos de izquierda como de derecha aunque, por supuesto, por razones distintas. Para los primeros, se trata de una manera efectiva de expandir al Estado en su intento por reducir la desigualdad. Para los segundos, podría ser una manera eficiente de reducir a un solo pago el sistema de bienestar que en muchos países es altamente costoso de administrar.

En general la idea no suena mal. El problema está, como siempre, en los detalles. 

• Establecer un ingreso piso para todos que no sustituya sino que complemente todas las actuales prestaciones que ya hace el Estado sería prácticamente impagable. Por ejemplo, la propuesta sobre la que votarán los suizos pronto (la de introducir un ingreso básico de 2,500 francos suizos —aproximadamente USD 2,700) costaría unos USD 210 miles de millones, cifra que equivale al 30% del PBI de Suiza.
• Incluso si un país está dispuesto a asumir este costo, la forma cómo decide financiarlo puede afectar en gran medida la competitividad de su economía. Por ello, optar por financiar esta medida con mayores impuestos no es tan recomendable. Una alternativa que ya se utiliza en algunos países con grandes reservas de recursos naturales es financiar este tipo de medida con los retornos que obtiene el Estado sobre sus activos. Por ejemplo, en Alaska, cada ciudadano recibió USD 1,900 en 2014 de los retornos obtenidos por el Estado en su fondo petrolero.

¿Usted cree que todo los ciudadanos deberían beneficiarse por igual de las ganancias que se generan por la explotación de recursos naturales?