PERSONAS
La corrupción tiene un solo nombre
En 2014, el caso de Bob McDonnell, ex gobernador de Virginia, conmocionó a la población porque se descubrió que este había aceptado dádivas de parte de un contribuyente (Star Scientific) que incluían, el servicio de catering para la boda de su hija, vacaciones costosas, un reloj Rolex, además de acceso a dinero en efectivo.
El jurado federal condenó a McDonnell y su esposa, Maureen por múltiples cargos, en aplicación de la norma conocida como la norma contra la corrupción política y el fraude que establece que los funcionarios no deben aceptar dinero o regalos a cambio de ofrecer un trato preferencial a los contribuyentes.
No contento con la decisión de la corte, McDonnell apeló a la medida y esta semana el Tribunal Supremo escuchó a las partes en audiencia, según detalla el New York Times en su artículo el artículo “There’s No Such Thing as a Free Rolex”.
Entre las pruebas que sirvieron para que McDonnell fuera sancionado están correos electrónicos, en los que este consulta a la empresa por un préstamo de dinero. Sin embargo, McDonnell se defiende señalando que los actos financiados por la empresa fueron de naturaleza oficial, aun cuando fueron realizado en las casa de este.
Los analistas consideran que aceptar los argumentos del ex gobernador, se traería abajo 700 años de lucha contra la corrupción, tiempo durante el cual el principio que está detrás de la norma se extendió a los casos en que haga recomendaciones sobre empresas o productos que pueden ser influyentes.
Anteriormente, la Corte Suprema se había pronunciado en el sentido que solo se necesita demostrar que el funcionario recibió un pago al que no tenía derecho para establecer un caso de corrupción. Sin embargo, el exgobernador está luchando para que se reconozca que es constitucionalmente aceptado que los funcionarios puedan recibir dádivas por acceso a los servicios del Estado. Esto significaría aceptar que recibir esas prebendas no es corrupción y por lo tanto no pueden calificarse de delitos.
La posibilidad de que la Corte Suprema revise el caso de McDonnell ha generado controversia porque se traería abajo uno de los principales argumentos de la lucha contra la corrupción que es que los funcionarios no pueden recibir nada más que su remuneración, por cumplir con sus obligaciones.
Todos esperan que el caso de McDonnell sirva para confirmar que no hay cabida en los EE.UU. ni en ningún país del mundo para funcionarios que reciban prebendas u ofrecimientos de terceros para tomar decisiones, ya sea que se hagan efectivas durante su gestión o cuando esta concluya.
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