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Recientemente se acaba de conocer el resultado final de un juicio que llevó al gobierno de Uruguay a un arbitraje. Todo se originó debido a una normativa dictada durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez que trataba de luchar contra el consumo de tabaco, informa el artículo de El Observador titulado “Caso Philip Morris: fallo favorece a Uruguay y tabacalera deberá pagar por costos del juicio”.

Como se sabe, Phillip Morris denunció al país por presuntos prejuicios por una cifra de USD 25 millones, y ahora, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, acaba de fallar a favor del gobierno de Uruguay estableciendo que es la tabacalera la que deberá pagar al gobierno la cantidad total de USD 7 millones por daños y costos de abogados.

La normativa dictada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez obligó a las marcas de tabaco a vender una sola presentación de sus cigarros. De esta forma, solo podían vender un tipo de cigarros. Como se sabe, compañías como Marlboro o Lucky Strike cuentan con muchísimas presentaciones para ajustarse a los gustos de sus muchos clientes. Sin embargo, la normativa estaba diseñada para contrarrestar el consumo elevado de tabaco en Uruguay, restringiendo la comercialización a una sola marca.

Phillip Morris fue una de las empresas más afectadas y se vio obligada a retirar siete de los doce tipos de cigarros que tenían en circulación en el mercado uruguayo. Además, aprovecharon para argumentar que la advertencia obligatoria de cáncer en la cajetilla no permitía mostrar marcas registradas. En Uruguay, esta advertencia sanitaria debe ocupar el 80% del paquete de cigarrillos.

En su defensa, Uruguay recurrió a argumentos donde primaba la salud del individuo sobre el resto de cosas. Además, afirmó que sus normas priorizaban el derecho fundamental a la vida y que el tabaquismo es una “enfermedad crónica adictiva”. También pusieron énfasis en los efectos cancerígenos del consumo de tabaco de forma constante. En Uruguay, el 15% de los pacientes de cáncer tienen alguna relación con el consumo de tabaco.

Este es un ejemplo de que es posible que los gobiernos tomen decisiones asociadas con el bien común.