NÚMEROS
Zimbabue y el costo de la corrupción
Los ciudadanos saben que la corrupción es mala para un país, pero muchas veces es difícil ponerle una cifra o tratar de plasmarla en algo que estos puedan dimensionar, más allá de los rankings.
En países como Zimbabue, donde el gobierno de Robert Mugabe, es catalogado internacionalmente como uno de los más corruptos del mundo (puesto 150 de 168 países más corruptos del mundo en 2015), la organización Transparencia Internacional (TI) ha elaborado un informe donde llega a la conclusión que ese país pierde al año USD 1 000 millones, según da cuenta un artículo de Thomson Reuters Foundation, sobre el que se inspira esta nota.
Las razones que explican esta cifra sí tienen nombre propio: la Policía y otras Fuerzas de Seguridad, las Concejalías o gobiernos locales, el Ministerio de Educación y la Inspección de Vehículos son calificadas como las instituciones más corruptas del país.
TI advierte que el problema es que la corrupción se ha institucionalizado a nivel político y económico lo que dificultará acabar con ella.
Pero el daño también ha afectado la confianza en el país, lo cual significa menos inversiones de otros países que quieran colocar su dinero en un país donde el gobierno no puede controlar sus estructuras y termina sucumbiendo frente a ellas y pide pruebas para que la justicia actúe.
El gobierno no busca las pruebas, no investiga para encontrarlas porque en muchos casos están de por medio políticos del propio gobiernos, sino que pide que otros las entreguen para que sigan el derrotero de la justicia.
Lo que se pierde en dinero, son decenas de miles de ciudadanos que se quedan sin servicios de salud o educación, que no cuentan con acceso a servicios básicos, o que son detenidos mientras conducen sus automóviles por funcionarios públicos que se han convertido en los peores delincuentes que exigen coimas por hacer su trabajo.
Lo que ocurre en Zimbabue no está lejos de lo que puede ocurrir en nuestros países, por eso es tan importante alzar la voz en el momento oportuno para evitar que la corrupción se instale en las instituciones que existen para defender y proteger a los ciudadanos, o para educarlos.
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