Cuando el Estado no puede ni debe esperar

En menos de dos semanas, dos formas de reaccionar del Estado han llamado la atención de los ciudadanos y, en algúnos casos, han generado su desconcierto e indignación.  

A fines de junio se conoció que solo el 40% de los colegios de Lima y Callao que debía recibir desayunos escolares del programa de Qali Warma era atendido, luego de 4 meses del inicio de las clases escolares. La explicación oficial es que esto obedecería a la falta de proveedores dispuestos a cumplir los requisitos que plantea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Asimismo, en plena estación de friaje en las zonas altoandinas se acaba de conocer que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha podido entregar todos los kits de abrigo para los 14 departamentos que están sufriendo friaje debido a un retraso por un tema de contratación y de incumplimiento de proveedores.

En el primer caso, tal como se ha señalado, ha habido 8 convocatorias de proveedores en Lima y varias de ellas se han declarado desiertas porque no ha habido interés en las licitaciones para la entrega de raciones debido a los precios que se han asignado a estas en las convocatorias. La pregunta que surgen en este caso es si tiene sentido que el Estado tenga que realizar 8 convocatorias antes de tomar una decisión alternativa y/o provisional mientras se realiza una nueva convocatoria para conseguir un proveedor de largo plazo. ¿Acaso dejar sin desayuno a unos 260 mil niños de inicial y primaria durante 4 meses no constituye una situación de emergencia?

¿Qué se pudo haber hecho?

• Declarar en emergencia la entrega de desayunos escolares en Lima.
• Comprar directamente leches envasadas para consumo directo a la industria.
• Comprometer a todas las entidades que puedan apoyar provisionalmente con la entrega de raciones como las panaderías y los centros de producción de las Fuerzas Armadas o la planta y/o los CITE del Instituto Tecnológico de la Producción. 
• Otras más que hubieran permitido no dejar sin desayunos a los niños beneficiarios del Programa Qali Warma.

En el segundo caso, como todos los años la ola de frío está azotando la zona sur del país, y, en particular, al departamento de Puno. Sin embargo, el Estado no puede entregar los kits de abrigo necesarios para los niños y ancianos.

Las explicaciones del sector son similares: ha habido un retraso en la convocatoria y algunos de los proveedores no han cumplido con los plazos de entrega, lo cual ha retrasado una programación de entrega que dura dos meses entre julio y agosto.

Ante este tipo de sucesos, el Estado debería utilizar los procedimientos que existen para atender a la población en situaciones extremas. 

Muchas veces los funcionarios del Estado tienen miedo de tomar decisiones porque luego se ven implicados en procesos administrativos porque no se siguió el trámite regular o no se compró lo más barato. En el caso de los kits de friaje hace varias gestiones de gobierno que se compran frazadas polares que no son útiles ni efectivas para proteger a los niños del frío en regiones como Puno porque, de acuerdo a las normas sobre compras del estado, los Órganos de Control Interno podrían cuestionar las diferencias de precios entre una frazada polar y una con alpacril.

Reducir las barreras burocráticas para la inversión para lo cual se han pedido facultades delegadas al Congreso de la República es importante. Sin embargo, cambiar aquello que impide que el Estado asista a sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad lo es todavía más.

No es posible que las vías rápidas para atención de emergencias no funcionen, que el Estado no sepa usar dichas vías o que tenga miedo a hacerlo. Incluso si fuera necesaria la creación de un procedimiento rápido que esté blindado por un informe express de la propia Contraloría de la República, este debería crearse y normarse. 

No hay justificación para que estas cosas estén pasando en un país que aspira a ser parte de la OCDE, el club de los países del primer mundo.