Los cárteles y los pobres

La caída subjetiva de la calidad de vida puede obedecer a una serie de factores. Sin embargo, qué pasa si las prácticas anticompetitivas están contribuyendo al incremento de la sensación de insatisfacción por la desigualdad de oportunidades de acceso a bienes y servicios.

¿Qué pasa si detrás de todos los cárteles (cobran precios hasta un 30% más altos u obstaculizan la entrada de nuevos actores, etc) que recientemente se han empezado a investigar en distintos países de América Latina hay una pérdida de capacidad adquisitiva que afecta a los consumidores que repercute en la mayor desigualdad en la economía.

Al respecto, un reciente artículo de la investigadora del Banco Mundial, Martha Martinez Licetti, denominado Bad news for cartels, good news for the poor in Latin America da cuenta que las economías de América Latina desde el año 2008 se han visto afectadas por lo menos 100 veces por tales acuerdos anticompetitivos nocivos, basándose sólo en los casos de cártel que ya tienen sanción y multa.

Esto significa que podrían incluso haber más casos. Según la investigadora, solo en últimos cuatro meses, han aparecido nuevos casos en Colombia con la importación de azúcar, en Brasil con el precio de la leche, en Honduras con las distancias de ubicación de farmacias, en México con limitación de oferta de autobuses y, en Perú, con precios de proveedores de gas para uso doméstico.

Lo que está detrás de este incremento de casos es que muchos de los productos implicados forman parte de al menos el 20% de los gastos promedios de un hogar en América Latina, lo cual significa que sí están afectando los ingresos de los ciudadanos.

Así como esto es una realidad, también lo es que las empresas vienen realizando este tipo de prácticas desde el pasado y en lugar de competir prefieren repartirse territorios, fijar precios más altos, evitar que ingresen nuevos competidores entre otros.

El gran problema es que así como una mala decisión de consumo afecta más a quien tiene menos, los cárteles perjudican más a los más pobres.

Por eso, es imprescindible que los países aborden la sanción de estas prácticas anticompetitivas con mucha atención y responsabilidad, para lo cual requieren presupuestos de trabajo que les permitan detectar una mayor cantidad de casos y sancionarlos. Asimismo, también es recomendable establecer incentivos a quienes aporten información sobre cárteles que permitan evitar multas si entregan evidencia valiosa para las investigaciones, sancionando drásticamente la participación de funcionarios públicos que faciliten los acuerdos anticompetitivos, entre otros.

No cabe duda, que los más pobres agradecerían cualquier esfuerzo que les devuelva el exceso que se ven obligados a pagar como resultado de que no se identifiquen a tiempo las prácticas anticompetitivas.